LosHechos

*Los trabajadores podrán pedir datos sobre los sueldos de sus compañeros para detectar posibles discriminaciones

*Las empresas no podrán preguntar por sueldos anteriores y deberán publicar la banda salarial en sus ofertas

*Trabajo podrá vetar la contratación pública con las empresas que no rompan el secreto salarial

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha comprometido a trasponer "a la mayor brevedad" la directiva europea de transparencia salarial que pretende acabar con el secreto salarial para evitar la discriminación y que el próximo 7 de junio deberían haber adaptado todos los Estados miembros. Aunque no está claro que España lo logre en esta fecha, la intención es iniciar "cuanto antes" las consultas con patronal y sindicatos para cerrar un texto que se pueda llevar de "manera inmediata" al Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, durante la rueda de prensa para presentar los datos de paro, contratos y afiliación y a pocos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El número dos de Yolanda Díaz ha asegurado que se trata de una "norma decisiva" por la que el Gobierno español "ha trabajado mucho" en Europa.

La directiva 2023/970 obliga a las empresas a atender cualquier demanda de información de cualquier trabajador sobre cómo se comparan sus sueldos con los de sus compañeros y a corregir cualquier diferencia que no esté justificada con criterios objetivos y neutros. Estos tendrán que aparecer por escrito y, además, se deberá aportar información de la banda salarial en todas las ofertas de empleo. Algo que hoy solo sucede en un 18% de las vacantes que se publican en España.

La norma en paralelo elimina las cláusulas en los contratos que impiden a un trabajador revelar su sueldo, al tiempo que prohíbe a las empresas preguntar sobre sus salarios anteriores a un candidato. La intención de Bruselas es reforzar el poder de los trabajadores ante unas prácticas negociadoras que, según considera, penalizan especialmente a las mujeres.

En la misma línea, también tendrán que publicar periódicamente datos de la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres, una obligación que varía por tamaño de la empresa: una vez al año para las empresas de más de 250 trabajadores y cada tres años para las que tengan plantillas de entre 100 y 249 personas.

Pérez Rey considera que la directiva complementa lo que ya se ha hecho con los reglamentos de planes de igualdad y transparencia retributiva. "Es el complemento decisivo a un aparato normativo que pretende erradicar la brecha salarial de género". En este sentido, aunque ha celebrado que se haya reducido en los últimos años, considera que cualquier diferencial es inadmisible.

Veto a la contratación pública
En principio, la norma no afecta a los convenios colectivos, pero reduce el margen de las empresas para ofrecer salarios mejores al margen de esta referencia. O, mejor dicho, para hacerlo discrecionalmente y sin publicidad en función de cada candidato.

Es decir, puede restringir la competitividad de las empresas para captar talento, a no ser que justifiquen muy bien la oferta, algo que puede hacer que la patronal rechace la medida. En todo caso, Pérez Rey no ha avanzado más detalles del texto de la transposición.

Lo que sí está claro es que, si se ajusta a la literalidad del texto remitido por Bruselas, la transposición complicará las cosas a las empresas que no la cumplan: no podrán contratar con las administraciones públicas. La legislación española ya prohíbe contratar con el sector público a empresas que carecen de planes de igualdad, pero la nueva normativa amplía el foco a medidas que afectan al principio de "a igual trabajo, mismo sueldo" y que trascienden la cuestión de género. Además, ya no se trata de una legislación nacional, sino que contaría con el aval de Bruselas y se aplicaría en todos los países de la UE. (elEconomista, 2026-03-04)