LosHechos

* El grupo asesor de Trabajo realiza un borrador de la ley para obligar a estas empresas a elaborar un plan para que permita a los trabajadores asumir el negocio cuando el dueño decida jubilarse

* El Gobierno vasco destinará 340 millones a reforzar la FP durante los próximos cinco años con el objetivo puesto en el relevo generacional


El Ministerio de Trabajo ha presentado este mes el informe encargado a un grupo de asesores que el Gobierno quiere usar como base para una futura ley que garantice la representación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas y el acceso a su capital. Las conclusiones de este trabajo hacen referencia a las pymes, a las que quieren imponer un "plan de transición de la propiedad a los trabajadores" si no tienen asegurado que un familiar tomará las riendas de su negocio cuando decidan jubilarse.

El documento elaborado por una decena de académicos establece que en empresas que tengan entre 25 y 2000 empleados, más del 2% del capital social debe ser propiedad de los trabajadores. Si el Gobierno decide seguir adelante con esta propuesta, esta imposición afectaría a todas las empresas, tengan o no definido su relevo generacional. No obstante, tras este punto, aparece una referencia expresa al problema que supone el envejecimiento poblacional para muchos pequeños y medianos negocios, que tiene especial incidencia en las zonas rurales. Esta situación lleva al grupo a plantear que se aprueben incentivos para que la empresa quede en manos de sus trabajadores y penalizar la venta a fondos de inversión.

El comité nombrado por Yolanda Díaz sitúa el apoyo público a la compra de las pymes por parte de los trabajadores como un elemento que debería ser "la máxima prioridad para las autoridades españolas como alternativa viable a las opciones de capital riesgo o fondos extranjeros". Así, plantean la creación de Fondos Ciudadanos, creado por el Gobierno central y las comunidades autónomas para favorecer que los trabajadores puedan acceder al capital de las empresas ante una jubilación.

El informe sustenta esta propuesta en los datos que apuntan a que un tercio de los propietarios de las pymes europeos se jubilará en la próxima década, lo que podría poner en riesgo unos 600.000 puestos de trabajo cada año. No obstante, este proceso de relevo ya ha comenzado a producirse de forma generalizada en España y también en otros países europeos, en los que señalan que las adquisiciones y fusiones con competidores más grandes (y extranjeros) están ganando peso frente a las transferencias familiares, algo que entienden que es desaconsejable en tanto que supone una pérdida de control local y de empleos.

Los trabajos desarrollados en España apuntan a que entre un 70% y un 90% de las empresas familiares españolas no cuentan con plan de sucesión formal y los miembros de este comité asesor han cruzado los datos de empresas con una antigüedad de 20 años con los de empresarios con más de 60 años para estimar el impacto de cinco a diez años. Tras dimensionar este problema, concluyen que los esquemas de propiedad de los empleados conocidos como Employee Stock Ownership Plans en EEUU o Employee Owernship Trusts en Reino Unido, son la vía idónea para afrontar el reto de la sucesión generacional en las pymes españolas.

No obstante, reconocen las barreras existentes para que los trabajadores puedan dar este paso, por lo que entienden que la obligación para las pymes debe verse acompañada por una serie de medidas públicas para propiciar estas compras.

En este sentido, plantean un periodo transitorio, en el que revisar la normativa española para dar apoyo fiscal a todas las empresas que apliquen esta ley. Además abogan por aplicar un tipo impositivo más favorable para las empresas en un plazo de tres años, como forma de apoyo para dar la titularidad a los trabajadores, poner una sanción fiscal a las empresas que no cumplan la obligación de elaborar este plan y respaldar este proceso mediante los fondos ciudadanos que creen los gobiernos.

El grupo que recibió el encargo de Trabajo también señaló a la contratación pública como vía para impulsar esta transformación de las empresas. En este sentido, consideran que sería oportuno hacer que las empresas que se presenten a estas licitaciones hagan una autoevaluación sobre cómo integran la participación de los trabajadores en su gobernanza y estructura de propiedad, lo que sería usado como uno de los criterios a valorar para la adjudicación. Lo que implicaría revisar la Ley de Contratos del Sector Público que a su vez transpone las directivas europeas en esta materia.

Por el momento se trata de una mera propuesta académica para el desarrollo de la democracia en el trabajo, en tanto que Trabajo se ha limitado a comunicar su intención de abrir una mesa de diálogo social con la patronal y los sindicatos sobre esta materia, pero no ha puesto fecha al inicio de las conversaciones. Si bien, en su presentación, Díaz recordó que era un punto incluido en el acuerdo de Gobierno con el PSOE y en su plan normativo. (elEconomista, 2026-02-10)