LosHechos

*Los recursos extra se destinarán a cubrir las desviaciones en el pago de pensiones y del Ingreso Mínimo Vital

*El Gobierno recurre a un tipo de préstamos que no necesita del control del Congreso

*El plan anticrisis rebajará en 50 euros al mes la factura energética de los hogares


El conflicto en Irán sirve de pretexto para que el Gobierno recurra, una vez más, a una de sus estratagemas legislativas más usuales: camuflar en un macrodecreto disposiciones que son por completo ajenas a la razón de ser de la norma que se presentará al Congreso. En concreto, el plan anticrisis que la Cámara debatirá este jueves cuela, en sus últimos apartados, una modificación en toda regla de los Presupuestos Generales de 2023. El objetivo de ese cambio es dotar a la Seguridad Social de más recursos para pagar pensiones y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), en un momento en el que su vía de financiación ordinaria, las Cuentas del Estado, está completamente desfasada y es incapaz de aportar todos los fondos necesarios.

Es más, el Gobierno ha encontrado una opción para que esta anomalía no lo deje en evidencia. Con ese fin, propone que las desviaciones en el gasto de la Seguridad Social se cubran mediante "créditos ampliables", que no necesitan una aprobación específica por parte del Congreso. Además, disimula esta propuesta incluyéndola en el prolijo y extenso articulado del plan contra los efectos económicos de la crisis en Irán, el cual se debate, y se vota posteriormente, en bloque.

Desde que las prórrogas presupuestarias se convirtieron en la nueva normalidad, no es raro que partidas de gasto social, como las pensiones y el IMV, demanden unos desembolsos mayores de lo previsto en el inicio de cada año. Es una situación incluso inevitable, cuando esos desembolsos se calcularon en 2022 y su cuantía se mantiene inalterada desde que se aprobaron en 2023.

Ahora bien, lo habitual es que esa desviación se cubra destinando a ese fin partidas disponibles de otros capítulos de los Presupuestos, o que se liberen recursos del Fondo de Contingencia. Así ocurrió en 2025 precisamente, cuando también la Seguridad Social necesitó una aportación extra de 12.000 millones de euros, gran parte de los cuales procedió del llamado Mecanismo de Reconstrucción.

Un "disparate" contable
En el ejercicio 2026, estos atajos ya no son suficientes "debido al disparate que supone depender todavía de unos Presupuestos Generales que tienen cuatro años de antigüedad", según explican a elEconomista.es fuentes directamente conocedoras de la política presupuestaria del Gobierno. Esta insuficiencia no se palía ni siquiera con la reciente ampliación del capital contenido en el Fondo de Contingencia, ya que el Gobierno quiere preservar sus remanentes para futuras necesidades. En cuanto al uso de capítulos como el Mecanismo de Reconstrucción, es muy posible que este año no queden partidas ociosas suficientes que se puedan destinar a otros fines.

Es más, se da la circunstancia de que en este año se necesitan aún más recursos para las pensiones y el IMV, porque en ambos casos hay un mayor número de beneficiarios, y los pagos a los que tienen derecho son mayores, debido a su revalorización anual. Por tanto, según esas mismas fuentes, "es claro que en 2026 se necesitará una inyección de recursos superior a los 12.000 millones" liberados en 2025.

¿Pero para qué se requieren exactamente estos fondos? Antes de averiguarlo hay que bucear en la letra pequeña del plan anticrisis del Gobierno, publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Es en la "disposición fiscal duodécima" donde se incluye la "modificación" del Anexo II Créditos Ampliables de los Presupuestos actualmente en vigor.

El nuevo crédito de este tipo se destina, en primer lugar, a "financiar los complementos de pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social". Pero también se prevén otros tres apartados correspondientes a a las prestaciones no contributivas para familias, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital.

El texto publicado en el BOE también se atribuye a créditos ampliables una partida que contribuye el desembolso de pensiones de las llamadas clases pasivas, donde se integran antiguos funcionarios de la Administración Central.

Mediante la consideración de crédito ampliable todas estas operaciones entran en una categoría jurídica propia que los exime del control parlamentario al que sí se someten, especialmente, los recursos procedentes del Fondo de Contingencia.

De este modo, el Gobierno puede mantener su relato acerca de la poca importancia, y los escasos perjuicios, que provocan las prórrogas sine die de los Presupuestos Generales del Estado. (elEconomista.es, 2026-03-25)