LosHechos

* Los expertos prevén que los caseros tardarán cuatro meses en recuperar sus viviendas.

Los jueces reactivarán 60.000 desahucios paralizados tras la derogación del decreto ómnibus. Esta norma, que se aprobó en diciembre, recogía la revalorización de las pensiones, pero también una batería de medidas de distinta índole como la prórroga a la suspensión de los desahucios de inquilinos hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Gobierno aprobó la prohibición de echar a los arrendatarios vulnerables en marzo de 2020 con el objetivo de proteger a estas familias de la caída de ingresos que sufrieron por el Covid-19. Sin embargo, el Ejecutivo fue prorrogando la medida año tras año, dejando a 58.000 caseros, según datos del Observatorio Desca, sin la posibilidad de recuperar sus viviendas. La Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) subraya que varios países occidentales aprobaron medidas similares durante la pandemia, pero España es el único que la ha extendido más allá de la crisis sanitaria.

A partir de ahora, los propietarios pueden reanudar las demandas de desahucio.

Carlos Muñoz, CEO y socio de CIM Tax & Legal, explica que los caseros afectados ya pueden solicitar en los tribunales la reactivación del procedimiento de desahucio. No obstante, indica que el proceso y los tiempos serán distintos si son particulares o grandes tenedores.

En el caso de que sean particulares, podrán pedir sin más que se levante la suspensión y se siga con el procedimiento de desahucio. A partir de ese momento, los jueces tendrán que dar un plazo de dos meses a servicios sociales para que busquen una alternativa habitacional a los inquilinos. Pasado este tiempo, si la Administración no ofrece soluciones, se pondrá fecha al lanzamiento.

"Primero hay que ver en qué momento se suspendió el procedimiento, pero el gran problema es en qué juzgado está. Hay juzgados que están muy saturados y esto va a generar más saturación. Para aquellos casos en los que está todo decidido y solo queda poner una fecha y ejecutarlo, nos vamos a plazos de tres o cuatro meses", señala Carlos Muñoz.

Grandes tenedores
El proceso es distinto cuando el propietario de la vivienda es un gran tenedor, es decir, un particular, una empresa o un fondo de inversión que tenga diez o más inmuebles; o si están en zona tensionada, cinco o más. El CEO de CIM Tax & Legal indica que la Ley de Vivienda regula un procedimiento especial para estos casos. Los caseros que quieran reactivar el desahucio tendrán que acreditar ante el juzgado que en los últimos cinco meses se han remitido a la Administración y a los servicios sociales para llevar a cabo un procedimiento de conciliación o mediación. Si la Administración no contesta en un plazo de dos meses, se puede continuar con el procedimiento, y si abre una conciliación o intermediación, se debe remitir el resultado de la misma.

Al margen de este protocolo, servicios sociales tienen aquí un plazo de cuatro meses para buscar alternativa habitacional a los inquilinos si están en una situación de vulnerabilidad.

Compensación de las CCAA
La derogación del decreto ómnibus ha dejado a los caseros afectados por la moratoria antidesahucios sin prácticamente margen para solicitar a las CCAA una compensación por los impagos que sufren.

A la par que el Gobierno prorrogaba año a año la medida, también ampliaba ejercicio tras ejercicio el plazo para pedir esta compensación. El decreto ómnibus de diciembre dio hasta el 31 de enero de 2027 a los afectados para que solicitaran a las Administraciones autonómicas la compensación por la renta sin percibir, pero con su caída se mantiene el plazo anterior que finaliza el 31 de enero de 2026, pero que al caer en sábado se extiende al 2 de febrero.

Carlos Muñoz señala que, a falta de conocer si el Ejecutivo aprobará un nuevo plazo para dar más margen a los afectados, los propietarios deben solicitar ya la compensación para no perderla. Recomienda pedirla sin tener toda la documentación necesaria porque después la Administración de un plazo de diez días para subsanar problemas.

Estas indemnizaciones no cubren el cien por cien de la renta de los caseros, sino que en la mayoría de los casos están limitadas al tope que recoge el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI) o a los propios de cada región.

El experto apunta que las CCAA tardan tiempo en pagar la compensación, aunque depende de cada una. Como ejemplo, indica que en los casos que conoce, Madrid paga aproximadamente en un año y Cataluña, entre año y medio y dos años.

Pagos a los ocupantes
La Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) señala que el 80% de las viviendas recuperadas en 2024 fueron a través de acuerdos extrajudiciales, "generalmente con pago de incentivo al ocupante". La mayoría de los casos que están judicializados se atascaron por la falta de respuesta y medios de los servicios sociales. Concretamente, el 99% de los asuntos en los que los jueces solicitaron a servicios sociales un informe para acreditar la vulnerabilidad de los inquilinos se quedaron sin atender, bien porque el documento nunca llegó o porque no se dio alternativa habitacional. (elEconomista.es, 29.01.2026)