LosHechos

*Los inversores tienen hasta agosto para presentar ofertas mientras se investiga el rescate de la compañía.

*Se priorizará la venta unitaria del grupo para evitar su liquidación y venta por lotes si no hay ofertas.

*La venta está condicionada a reestructurar una deuda de 263 millones, 150 de ellos con la SEPI.

La jueza de lo mercantil de Vitoria encargada del concurso de acreedores de Tubos Reunidos ha dado un paso clave en el futuro de la compañía al abrir formalmente el proceso para la entrada de nuevos inversores, justo cuando se ha levantado el secreto de sumario sobre la investigación de su rescate por parte de la SEPI, que se elevó a 112 millones de euros. Los interesados deberán presentar inicialmente un documento de interés, dentro de un calendario que contempla varias fases antes de la entrega de ofertas definitivas.

La magistrada ha emitido esta semana dos autos junto a un documento anexo que recoge las normas diseñadas por el administrador concursal, PKF Attest, para regular el proceso de venta. En uno de los autos, declara en concurso voluntario de acreedores a Tubos Reunidos S.A., matriz del grupo y empresa cotizada, lo que ha requerido la correspondiente comunicación a la CNMV. Asimismo, se ratifica el nombramiento del mismo administrador concursal para supervisar todo el procedimiento.

El objetivo prioritario será la venta del grupo en su conjunto. Según el documento presentado, se dará preferencia a aquellas propuestas que contemplen la transmisión unitaria de toda la unidad productiva o la adquisición de todas las sociedades del grupo. En caso de no lograrse, se abriría la puerta a una liquidación por partes mediante la venta por lotes.

Presentación de ofertas
El proceso arranca con una primera fase en la que los potenciales compradores deberán manifestar su interés a través de correo electrónico. Tras ello, dispondrán de un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar una carta de confidencialidad. Los inversores que superen este paso tendrán 30 días hábiles adicionales para analizar en profundidad la situación de la empresa mediante un proceso de due diligence, que incluirá acceso a información financiera, visitas a las plantas y reuniones con la dirección y los representantes sindicales.

La presentación de ofertas vinculantes se prevé para el mes de agosto, siempre que los interesados decidan continuar en el proceso tras esta fase de análisis.

Desde las instituciones vascas se ha señalado que en las últimas semanas ha habido contactos con posibles inversores. Sin embargo, advierten de que cualquier operación está condicionada a la reestructuración de la deuda del grupo, que asciende a 263 millones de euros. Más de la mitad de esta cantidad, concretamente 150 millones, corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En paralelo, las diferencias entre las principales plantas del grupo añaden complejidad al escenario. La fábrica de Amurrio atraviesa una situación más delicada que la de Trapagaran, como refleja el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la dirección, que contempla 274 salidas en la planta alavesa frente a solo 27 en la vizcaína. Si no se logra atraer un inversor que apueste por el conjunto del grupo ni se alcanza un acuerdo de quita de deuda, el futuro de Tubos Reunidos pasaría por su liquidación y venta fragmentada.

La situación se ha visto agravada recientemente tras el registro de las oficinas de la empresa por parte de la Unidad Central Operativa (UCO), en el marco de una investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que está indagando sobre el presunto pago de comisiones por parte de los directivos de la empresa a la trama de la fontanera del PSOE, Leire Díez. (elEconomista.es, 2026-06-18)