LosHechos

La Guardia Civil concluye que la “información bancaria” de la esposa de Sánchez “concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado “movimientos” sospechosos en la cuentas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así consta en un nuevo informe enviado al juez Juan Carlos Peinado, que requirió a los agentes que analizaran diferente documentación recabada en la causa que mantiene abierta contra la mujer del líder socialista. “En síntesis, la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido desarrollando, en tanto en cuanto, las entidades a las que se ha vinculado profesionalmente se corresponden con los principales pagadores que se identifican”, concluye el documento, al que tuvo acceso EL PAÍS.

Los agentes, que han enviado al magistrado un amplio análisis de 317 páginas (incluido anexos), apostillan que también analizaron “determinados ingresos en una de las cuentas vinculadas a la sociedad Transforma TSC”, pero “no se identifican” nuevos “movimientos” destacables “que pudieran guardar relación con los hechos” bajo investigación —los investigadores han localizado un ingreso “derivado de facturación” de 6.687 euros a la compañía Innovación Hexagonal, cuyo administrador es “identificado entre los usuarios de la plataforma”—.

El oficio del instituto armado llega después de que el responsable del juzgado de instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acordara el pasado abril enviar a juicio con jurado popular a Begoña Gómez, junto a Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés, por la presunta comisión de hasta cuatro delitos. El juez dio este paso después de dos años impulsando una polémica causa, que inició en 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias. Las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír reclaman 24 años de cárcel para la esposa de Pedro Sánchez. La Fiscalía ha pedido el archivo del proceso.

Peinado empezó investigando la actividad profesional de Gómez con empresarios y su relación laboral con la Universidad Complutense de Madrid (UC), así como el desarrollo de un software para dicho centro de estudios a través de una cátedra extraordinaria. En estos hechos, el instructor centra los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Luego, sin embargo, el juez amplió la causa para intentar determinar si se llegó a producir un desvío de dinero público al contratar a Álvarez como asesora de la pareja de Sánchez para que esta terminara colaborando con su actividad privada, en lugar de con su labor institucional. En esta tesis apoya la presunta malversación.

En el informe ahora aportado al magistrado Peinado, la UCO destaca que la cátedra codirigida por Gómez se “nutrió de diferentes colaboradores con un grado y carácter de participación diferente” —destacando, por un lado, los que aportan fondos económicos (“única fuente de ingresos”); y, por otro, los que “participan en el desarrollo” de la herramienta Transforma TSC—. “Todo ello, acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común”, incide la Guardia Civil.

Aun así, los agentes sí aprecian que, debido al “carácter de Administración pública de la UCM”, se pudo incurrir en irregularidades al contratar a Making Science Group y a Deloitte para el desarrollo de la plataforma. En el caso de la primera compañía, la UCO señala que se la fichó “sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto, pese a corresponderle por razón de su importe (20.000 euros sin IVA”): “Sin embargo, dado que la unidad interventora competente detectó esta disfunción una vez prestado el servicio, el pago fue liberado en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la UCM”, afirma el informe.

Sobre Deloitte, la Guardia Civil apunta que desempeñó trabajos en base “a un contrato menor y una posterior contratación mediante procedimiento abierto simplificado”. Pero, en este punto, la UCO añade: “[Se] tramitaron dos expedientes que se habrían elaborado como un mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios, la cual se habría llevado a cabo nuevamente al margen del procedimiento establecido en la normativa”. “Se producen discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados. En ese sentido, no se identifican elementos de los que se desprenda que durante el plazo formal de ejecución del segundo de los expedientes, Deloitte desarrollase alguna de las funciones para las que fue contratado”, prosigue el informe.

“La legalidad de la cátedra”
La defensa de Begoña Gómez se ha desmarcado de todas las acusaciones y ha pedido que, en caso de que la juzgue un jurado popular, “se proceda al dictado de sentencia absolutoria”. También ha reclamado a la Audiencia Provincial de Madrid que frene la decisión de Peinado de enviarla a juicio y ha insistido al propio instructor que paralice la causa hasta que el órgano superior se pronuncie sobre los recursos pendientes de resolver.

Fuentes del entorno de Gómez apuntan que el nuevo informe de la UCO evidencia que “la legalidad de la cátedra no queda cuestionada”, y que no se han hallado irregularidades en su creación o funcionamiento. Además, resaltan que el software era gratuito y no generó ingresos. De hecho, según han ahondado estas fuentes, no se han localizado pagos sospechosos: “Los ingresos atribuidos a Begoña Gómez en dos años ascienden a 17.037,75 euros, una cifra objetivamente incompatible con un relato de enriquecimiento económico personal”.

La defensa de Gómez ha rechazado también de forma reiterada la malversación y ha negado que Cristina Álvarez se dedicase de forma constante a ayudarla con sus trabajos privados, más allá de algún apoyo puntual (que desvinculó de su cargo de asesora). A este respecto, la UCO menciona que a la colaboradora se la “convocó y/participó” en reuniones para el desarrollo de la plataforma Transforma TSC, a la que “se considera integrada en el equipo de trabajo de la cátedra”. (El País, 2026-05-25)