LosHechos

* Los excluidos por la medida se incrementan en casi 370.000 con respecto a 2025
* Los parados con una prestación por desempleo de entre 1.134 y 1.432 euros también se verán perjudicados


Entre 2022 y 2024, el aumento del salario mínimo vino acompañado de una subida del mínimo exento de IRPF para evitar que estos trabajadores pagaran impuestos por sus ingresos. Como consecuencia, el límite a partir del cual los contribuyentes tienen que tributar pasó de los 14.000 euros anuales en 2022 hasta los 15.876 en los que se mantiene desde 2024. Un mínimo que afecta por igual a todos. En 2025, la estrategia del Ejecutivo cambió y el Ministerio de Hacienda creó una deducción específica para los trabajadores con ingresos menores al SMI. Esa modificación no se aplicó a parados y pensionistas, una exclusión que Hacienda repetirá en 2026, con la diferencia de que ahora serán más las personas discriminadas. En concreto, el número de pensionistas afectados por este trato desigual ascendería hasta al menos 1.000.312 personas.

El departamento liderado por Yolanda Díaz propuso a principios de mes un incremento del 3,1% para el salario mínimo este año, hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas (17.094 euros al año). También trasladó en declaraciones a los medios que cuenta con el visto bueno de Hacienda para que el SMI quede libre de tributación y reconoció que lo esperable sería que se repitiera la fórmula del año pasado. Es decir, que se cree una deducción específica para que los trabajadores recuperen lo aportado, sin mencionar en absoluto, como también incluidos, a pensionistas y parados.

Según los cálculos realizados por la economista y asesora fiscal del REAF, (el registro de economistas asesores fiscales, que pertenece al CGE), Raquel Jurado, la propuesta de Trabajo situaría la deducción en 591 euros (295 procedentes de la cuota estatal y la misma cuantía de la autonómica). Un beneficio fiscal del que no se beneficiarían las personas que se encuentren en paro o quienes perciban una pensión.

La deducción del IRPF va acompañada además de un despliegue progresivo y la ventaja se extendería de forma gradual hasta todos los salarios por debajo de 20.049 euros anuales (1.432 euros al mes). Como consecuencia, la horquilla en la que los trabajadores no tributan y los pensionistas y parados sí se ensancharía con la subida del SMI de este año y pasaría de abarcar los ingresos de entre 15.876 y 18.276 euros anuales a comprender todas las nóminas de entre 15.876 y 20.049 euros brutos al año. Una diferencia suma a cerca de 367.277 pensionistas más a la lista de afectados por la desigualdad en la deducción en comparación con el rango aplicado el año pasado.

En concreto, según la última nómina de pensiones publicada por el Ministerio de Seguridad Social a finales del mes de diciembre existen al menos 1.000.312 personas que cobran prestaciones contributivas de jubilación, incapacidad permanenete, viudedad, orfandad y a favor de familiares y que cobran entre 1.150 y 1.405 euros al mes. Un dato que, sin embargo, queda por debajo de la cifra real al no especificarse el número de personas que cuentan con una nómina de entre 1.134 (el SMI de 2024) y 1.150 euros (la parte más alta del tramo que ofrecen las cifras del Ministerio). Entre los 1.100 y los 1.150 euros hay un total de 386.158 jubilados.

La ley, explica Jurado, especifica que dicha deducción se aplica para "los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo, derivados de la prestación efectiva de servicios correspondientes a una relación laboral o estatutaria". O lo que es lo mismo, para las personas que estén trabajando. La economista explica, no obstante, que el coeficiente que se aplica para definir el tramo máximo de deducción (que se sitúa ahora en el 0,2) podría cambiar.

Aunque el Ministerio de Trabajo no cuenta con estadísticas desagregadas por tramos de cuantía percibida, los parados que cobren entre 1.134 y 1.432 euros al mes –la horquilla en la que se aplicará la deducción del IRPF– tampoco podrán aplicar la deducción en la declaración de la renta. Afectará también a los desempleados que cobren la prestación máxima y tengan como máximo un hijo (el paro máximo es de 1.225 euros para desempleados sin hijos, de 1.400 euros para aquellos que tengan un hijo y de 1.575 euros con dos hijos o más). De media, los parados cobran 1.029 euros al mes, según las cifras publicadas por Trabajo a principios de mes y que datan del mes de noviembre. Es decir, todos los afectados cobrarán por encima de la media.

El viernes pasado, el Ministerio de Trabajo preveía cerrar la negociación del SMI con los agentes sociales. El departamento dirigido por Yolanda Díaz iba a llegar al final de las conversaciones sin el apoyo de la patronal. El jueves por la tarde, el Ejecutivo canceló esta cita con CEOE, CCOO y UGT para ganar tiempo e intentar convencer a Hacienda de compensar el SMI en los contratos suscritos por el Sector Público con empresas privadas sin cambiar la ley; sin embargo, fuentes empresariales defienden no es posible llevar a cabo esta compensación sin cambiar la ley y Hacienda admite la complejidad de este cambio sin una modificación en la norma. La modificación de la Ley de Desindexación es una de las condiciones que los empresarios habían planteado en las últimas negociaciones del SMI para sumarse a un acuerdo, pero no es la única. De hecho, la propuesta de CEOE incluía una subida del 1,5% y que el SMI tributase.

Los técnicos de Hacienda piden que se amplíe
Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, ha pedido al Gobierno que la no tributación por IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) hasta el Salario Mínimo Interprofesional que ya se aplica a los trabajadores se amplíe a pensionistas y desempleados que perciban prestaciones por desempleo.

Los técnicos de Hacienda justifican esta propuesta en que las rentas que perciben estos dos grupos de ciudadanos también se consideran rentas del trabajo. De hecho, la condición de pensionista o de beneficiario de prestaciones por desempleo no exime a estos ciudadanos de mantener sus obligaciones con Hacienda. Además, defienden un acuerdo permanente para que las futuras actualizaciones del SMI no tributen. (elEconomista.es, 19/01/2026)