LosHechos

*El Gobierno aplicará los objetivos enviados a Bruselas, que no marcan una meta a las CCAA.

*España elimina el margen de las regiones, pese a no necesitarlo para cumplir la regla europea.

España se encamina a un escenario inédito: la tarea de elaborar unos Presupuestos Generales del Estado sin tener aprobados los objetivos de déficit y deuda para cada una de las administraciones públicas. Tras el segundo rechazo de ayer en el Congreso de los Diputados a la senda fiscal, el Gobierno planea aferrarse a la meta enviada a Bruselas y reclamar a las Comunidades Autónomas un mayor esfuerzo para cumplirla, si bien, los expertos consultados por elEconomista.es advierten que Hacienda no tendrá soporte legal para exigir a los territorios un déficit cero.

El motivo es que el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo enviado a las instituciones europeas recoge un objetivo de déficit del 1,8% para 2027, no obstante, se trata de un compromiso global en el que no se pormenorizan los hitos a alcanzar por la Administración Central, las Comunidades Autónomas, los entes locales o la Seguridad Social, por lo que el Gobierno no contará con un documento en vigor que avale su amenaza de recortar el objetivo de déficit desde el 0,1% del PIB que se concedía en la senda de estabilidad rechazada a un 0%.

"Las Comunidades Autónomas se van a quedar sin un objetivo, ya que no habrá ninguno aprobado por el Congreso, que es lo que exige la ley y en ese escenario, no se cómo se lo iba a imponer, Hacienda no tiene fuerza legal para hacerlo" aprecia el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Olavide e investigador de Fedea, Diego Martínez López. "No puede aplicar unos objetivos de déficit que no existen. En estas condiciones, simplemente no hay senda, no hay objetivos de déficit vinculantes para las administraciones autonómicas y locales" coincide el economista e inspector de Hacienda, Francisco de la Torre.

Pese a ello, el mensaje que se ha lanzado desde el departamento de Arcadi España en las últimas semanas es que el rechazo a los objetivos de déficit llevaría a los gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas a hacer un ajuste de 1.870 millones en 2027 para cumplir con Bruselas. No obstante, el objetivo de déficit remitido a la Comisión Europea es del 1,8%, el mismo que contenía la senda fiscal y que el Gobierno esperaba alcanzar sin apretar más a las autonomías. Es decir, se trata de una decisión de Hacienda que justifica en la "prudencia presupuestaria", por la que no asignará esta décima a otro organismo.

El ministro España recalcó en su intervención en el Congreso que la mayor parte del esfuerzo será asumida por la Administración del Estado para que las autonomías tengan más margen para costear los servicios públicos. La previsión es mantener esta pauta para cumplir con el objetivo enviado a Bruselas, el mismo 1,8%, una meta que desde Gestha ven factible alcanzar de acuerdo con los datos de ejecución y de déficit anotados hasta junio, pese a las advertencias emitidas por el organismo fiscalizador.

Sin referencias avaladas por el Parlamento, la única marca que estaría operativa sería la regla de gasto nacional, por la que estos no podrán incrementarse más de un 4% del PIB. Tal y como advirtió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) está previsto que España incumpla este límite (fijado en el 3,5% en 2026) al cierre de año, puesto que tendría que hacer recortes por 10.000 millones de euros para evitarlo. Un incumplimiento que ya se produjo tanto en 2024, como en 2025.

Es por ello que los economistas consultados por este medio creen que los trámites llevados a cabo en las últimas semanas corresponden a una "ficción", el intento de establecer unos objetivos que no van a servir para nada como base de unos Presupuestos que no tienen votos. Un escenario sin precedentes que ha sembrado la incógnita sobre si el Gobierno puede impulsar unas Cuentas tras el rechazo al primer paso para su elaboración.

El profesor de Economía Pública en la Universidad Complutense e investigador de Fedea, Jorge Onrubia, se hace eco de estas dudas. "No diría que el Gobierno esté jurídicamente imposibilitado para presentar los Presupuestos, pero tampoco creo que esa laguna legal pueda interpretarse como un cheque en blanco para elaborar las cuentas sobre unos objetivos fiscales rechazados dos veces por el Parlamento. La obligacion constitucional de presentar los Presupuestos debe conciliarse con el procedimiento de aprobación de objetivos previsto en la ley" apunta a elEconomista.es.

Martínez López considera que el Gobierno debería presentar el Plan Presupuestario para tener una base sólida sobre la que cimentar los Presupuesto, en tanto que considera que el texto remitido a Bruselas (Plan Fiscal Estructural) no lo es al no detallar los objetivos por cada nivel de gobierno. España es el único país que no ha remitido a la Comisión este documento, en el que está previsto que detalle "una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad y deuda pública y de conformidad con la regla de gasto", según recoge la ley orgánica"

De la Torre, en cambio, resta relevancia a este rechazo. "Hasta hace unos años, se tenía la idea de que su rechazo impedía tramitar los Presupuestos, pero ahora, en la práctica, el asunto es solo informativo, porque el Gobierno piensa tramitar igual las Cuentas. Lo único que indica es que no hay mayoría presupuestaria, si no la tienes para las cuatro grandes cifras, no la tienes para el detalle, no tiene más trascendencia". El economista dice que formalmente puede seguir adelante, pero se muestra convencido de que en año electoral "nadie se va a poner ortodoxo" ni habrá incentivos para cumplir la regla de gasto.

Para la presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, tampoco existe un impedimento en tanto que instó al Ejecutivo hace una semana a enviar a Las Cortes unos Presupuestos que tengan en cuenta la regla de gasto y cumplir con su obligación constitucional. Sin embargo, advirtió de la "pérdida de credibilidad" que se estaba generando al exigir a los territorios unos objetivos de déficit que no tenían en cuenta su punto de partida por las diferencias que genera la financiación autonómica.

En lo que sí parecen estar todos de acuerdo es que esta situación, más allá del déficit refleja un problema de fondo. "La reiteración de prórrogas presupuestarias y la posibilidad de elaborar ahora unas cuentas sin una senda fiscal aprobada profundizan en el deterioro de nuestro marco presupuestario" resume Onrubia, quien considera que con el paso de las Cuentas a un segundo plano en la actividad política, se debilita el control democrático de las finanzas públicas. (elEconomista.es, 2026-07-24)