LosHechos

*Trabajo inicia este jueves la negociación sobre "democracia en las empresas"

*Díaz allana un pacto con los sindicatos para dar a los empleados un 2% del capital de las empresas ante el plantón de CEOE


El Ministerio de Trabajo inicia este jueves una mesa de negociación inusual, en tanto que no contará con la participación de los representantes de las organizaciones empresariales. El departamento de Yolanda Díaz busca sellar un acuerdo con CCOO y UGT para incluir a los trabajadores tanto en la toma de decisiones de las empresas como en su estructura de propiedad. Un paso para el que tendría que modificar la Ley de Sociedades de Capital, que escapa del ámbito de competencias del área.

Las conversaciones sobre "democracia en el trabajo" partirán del informe presentado a inicios de febrero por el grupo elegido por Trabajo un año antes. El texto recoge una propuesta legislativa en la que se hace alusión a la necesidad de modificar la norma que regula el funcionamiento de las empresas para regular la entrada de los empleados en los consejos de administración. "Se requieren pequeños ajustes legislativos en el derecho mercantil, sobre todo en la Ley de Sociedades de Capital, para formalizar la presencia y los derechos de los representantes" apuntan.

La iniciativa que pondrá sobre la mesa Díaz este jueves plantea dar a la representación de los trabajadores entre un tercio y la mitad de los asientos en los consejos de administración, en función de cuál sea el tamaño de la plantilla. Y el grupo encabezado por la profesora Isabel Ferras valoró que esto implicaba redactar una ley que modificara el Estatuto de los Trabajadores, la ley del IRPF o la que regula las sociedades, normativa que está bajo el paraguas de Hacienda o de Economía.

Desde el Gobierno recuerdan que todas las leyes de contenido económico tienen que pasar por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), que preside el ministro Carlos Cuerpo y en el que se encuentran representadas todas las carteras económicas, antes de llegar al Consejo de Ministros. Si bien, apuntan a que los contactos entre ministerios se producirán una vez concluyan los trabajos del diálogo social, en los que no participarán ni CEOE ni Cepyme.

En concreto, la propuesta de los expertos elegidos por Trabajo plantea que habría que modificar la Ley de Sociedades de Capital para fijar que los trabajadores tengan que tener contrato indefinido y una antigüedad de seis meses para incorporarse al consejo de administración. También que estos trabajadores podrán seguir desarrollando su trabajo sin acuerdo explícito de la junta general en las sociedades limitadas (que sí es necesario si presta servicios a la empresa otro de sus administradores) y que estos representantes de los empleados solo podrán ser cesados por el comité de empresa o los sindicatos mayoritarios.

Estas modificaciones cuentan con el respaldo de CCOO y UGT, que consideran que ha llegado el momento de desarrollar el artículo 129 de la Constitución y de materializarse, condicionarían el funcionamiento de las compañías de más de 25 trabajadores y sobre todo, el de las empresas que superen los 1.000 trabajadores.

La propuesta encargada por Trabajo plantea que los trabajadores tengan un tercio de los votos en los órganos de toma de decisiones y apunta a la necesidad de extender las obligaciones fiduciarias, para que las empresas tengan que justificar que actúan no solo en beneficio de los accionistas, sino también de los trabajadores y del medio ambiente.

Fondos para la compra de acciones
El documento elaborado por este comité apuesta por incluir en los artículos de esta norma que "el Gobierno valorará la posibilidad de constituir un fondo de inversión salarial con la finalidad de apoyar el acceso de los trabajadores a la propiedad de sus empresas". Según explican a lo largo del informe, se trata de crear fondos de inversión que controlen trabajadores y ciudadanos para asumir la compra de participaciones de las empresas.

Los académicos toman como referencia propuestas presentadas en Suecia, EEUU y Bélgica, para plantear estos vehículos de inversión colectivos que permitirían que los ciudadanos ejercieran sus derechos de voto en las compañías como "propietarios responsables". Unos fondos que se financiarían con los ingresos de un impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas que superen la tasa de beneficios promedio de cada sector.

Después, podrían complementarse con recursos público para facilitar este traspaso de la titularidad de las compañías. En concreto, plantean que esta vía podría ser una solución para dar relevo a los responsables de los pequeños negocios que tengan previsto cerrar la compañía tras su jubilación. De hecho, también plantean que todas las pymes sin relevo familiar claro tengan que hacer un "plan de transición de la propiedad a los trabajadores" que pueda materializarse con estos fondos creados por el Gobierno. (elEconomista.es, 2026-03-12)